La justicia filipina detiene intento de cierre contra Rappler

MadridUn tribunal en Filipinas ha impedido que el gobierno cierre el medio de comunicación Rappler, conocido por sus críticas al expresidente Rodrigo Duterte. Esta decisión representa una gran victoria para la libertad de prensa en un país considerado peligroso para los periodistas. Dirigido por la periodista galardonada con el Premio Nobel Maria Ressa, Rappler ha enfrentado numerosos desafíos legales que muchos consideran motivados políticamente.

El expresidente Duterte criticaba con frecuencia a los medios. Rappler fue acusado de violar la "Ley Anti-Dummy." También enfrentaron problemas legales como la ciber-difamación y otros casos.

En 2015, Rappler recibió fondos de Omidyar Network a través de recibos de depósito filipinos. El gobierno afirmó que esto implicaba el control de Omidyar sobre Rappler, lo cual no está permitido debido a la prohibición de inversiones extranjeras en medios locales. Rappler sostuvo que Omidyar no tenía control, y Omidyar posteriormente transfirió los recibos a los empleados de Rappler para resolver el conflicto.

En 2018, el tribunal dictaminó que la orden de cierre fue un grave abuso de poder. La orden no siguió las normas, ignoró decisiones judiciales anteriores y violó la Constitución. Este caso pone de relieve problemas más amplios durante el gobierno de Duterte, donde varios medios de comunicación fueron atacados. Por ejemplo, ABS-CBN, la cadena de televisión más grande de Filipinas, fue cerrada en 2020 después de que un panel del Congreso, que respaldaba a Duterte, negara la renovación de su licencia.

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Duterte y su equipo siempre han negado perseguir a los periodistas, argumentando que los casos legales contra Ressa y Rappler son asuntos judiciales regulares. Sin embargo, el expresidente solía criticar abiertamente a los medios que informaban desfavorablemente sobre sus rigurosas políticas antidrogas. Los periodistas en Filipinas enfrentan numerosos peligros, incluyendo la violencia y ser demandados.

En 2009, un grupo político local en la provincia de Maguindanao mató a 58 personas, entre ellas 32 periodistas. Este suceso fue uno de los ataques más mortales contra periodistas en tiempos recientes, destacando los peligros que enfrentan debido a armas sin licencia, ejércitos privados y una aplicación débil de la ley.

Rappler sigue enfrentando problemas legales a pesar de la reciente decisión del tribunal. Ressa está apelando su condena por ciberdelito ante la Corte Suprema, y hay otro caso pendiente relacionado con la "Ley Anti-Dummy." Estos desafíos subrayan las difíciles circunstancias que enfrentan los periodistas al defender la libertad de prensa en Filipinas. La comunidad internacional sigue de cerca estos acontecimientos, ya que influyen en la percepción de la democracia y los derechos humanos en el país.