Residentes de East Palestine exigen transparencia antes de decidir acuerdo

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Por Juanita Lopez
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'Documentos de asentamiento del pueblo dañados por las vías del tren se apilan cerca'.

MadridLos residentes de East Palestine están preocupados por el próximo plazo para decidir sobre su parte de un acuerdo de $600 millones. Este acuerdo es por el accidente de tren que ocurrió el año pasado y afectó las áreas dentro de un radio de 20 millas del sitio del accidente. El acuerdo incluye diferentes tipos de compensación.

  • Hasta $25,000 por persona por lesiones personales para quienes viven a menos de 10 millas
  • $70,000 por daños a la propiedad para residentes dentro de 2 millas
  • Montos menores para los que se encuentran en el borde exterior del área afectada

Los residentes están preocupados porque no hay datos disponibles de pruebas de expertos. El abogado David Graham presentó una moción porque su perito, Stephen Petty, no ha compartido sus resultados. Petty es conocido por su labor en casos de contaminación, y sus datos debían demostrar la gravedad del derrame químico. Se prometió desde el principio que los hallazgos de Petty estarían en los archivos del tribunal, pero aún no han sido entregados. En cambio, otro experto, el Dr. Arch Carson, afirmó que los riesgos de cáncer son bajos, pero no proporcionó datos específicos.

Los residentes son cautelosos al aceptar el acuerdo porque no tienen suficiente información. Les preocupa especialmente porque aceptar el dinero ahora implica que no podrán emprender acciones legales en caso de padecer problemas de salud graves en el futuro. La doctora Erin Haynes y otros especialistas no comparten la visión optimista de Carson, argumentando que no existen investigaciones suficientes que la respalden. La doctora Haynes está llevando a cabo estudios sobre problemas respiratorios y otros problemas de salud que podrían estar relacionados con el descarrilamiento.

El cambio repentino en los testimonios de expertos y la falta de transparencia han generado suspicacias. Algunos residentes piensan que sus abogados están más interesados en los $180 millones de honorarios legales que en ayudar a la comunidad. Quienes defienden el acuerdo afirman que es una cantidad justa y sigue los mismos plazos que casos similares. Sin embargo, la programación ha sido criticada porque el plazo inicial para excluirse coincidió justo después de una audiencia de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, lo que hizo que algunos se sintieran apresurados a tomar una decisión.

Los residentes desean más tiempo y recibir toda la información de pruebas relevantes antes de tomar grandes decisiones. Esto resalta la necesidad de una comunicación clara y un fácil acceso a la información para que las personas puedan tomar decisiones informadas sobre sus vidas.

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