Abusos contra refugiados sirios en Líbano y Chipre: fondos europeos en la mira

MadridLíbano y Chipre enfrentan críticas por presuntos abusos de derechos humanos contra refugiados sirios. Estas alegaciones resaltan serios problemas en el trato a los solicitantes de asilo y en el uso de fondos de la Unión Europea para el control fronterizo. Líbano, que ha estado en crisis financiera desde 2019, acoge a aproximadamente 775,000 refugiados sirios registrados y muchos más no registrados, siendo el país con mayor número de refugiados per cápita en el mundo.

Líderes políticos en Líbano han solicitado a los países occidentales que acepten a los refugiados o que los ayuden a regresar a Siria, ya sea voluntariamente o mediante el uso de la fuerza. Líbano tiene un acuerdo con Chipre para frenar el contrabando de migrantes y ha recibido mucho dinero de la UE para el control de fronteras. Human Rights Watch (HRW) descubrió que los refugiados interceptados por el ejército libanés mientras intentaban llegar a Chipre por mar a veces eran llevados a la frontera entre Líbano y Siria y dejados en el lado sirio. Algunos de ellos fueron detenidos posteriormente por el ejército sirio, mientras que otros tuvieron que pagar a contrabandistas para regresar a Líbano.

Chipre ha sido igualmente criticado por su gestión de los solicitantes de asilo sirios. En abril, el país suspendió la tramitación de estas solicitudes. HRW acusó a las autoridades chipriotas de regresar de manera forzosa a embarcaciones con solicitantes de asilo provenientes de Líbano. Estas medidas incluyen impedir que los refugiados desembarquen o detenerlos al llegar y posteriormente enviarlos de vuelta a Líbano, donde corren el riesgo de ser deportados a Siria.

Principales acusaciones incluyen:

• Devolución forzada de embarcaciones con solicitantes de asilo provenientes de Líbano
• Retención y devolución de solicitantes de asilo sin permitirles presentar su solicitud
• Uso excesivo de la fuerza durante arrestos y detenciones por parte de las autoridades libanesas y chipriotas

La Unión Europea otorgó a Líbano unos 16,7 millones de euros para la gestión fronteriza entre 2020 y 2023 con el objetivo de frenar la inmigración ilegal. En agosto, la UE añadió otros 32 millones de euros para continuar estos proyectos hasta 2025. Sin embargo, hay preocupaciones sobre el uso de estos fondos debido a recientes acusaciones de abusos a los derechos humanos.

Las acciones de Líbano y Chipre plantean inquietudes significativas sobre el uso de los fondos de la UE y el trato a las personas vulnerables. La continua guerra civil en Siria y las cuestiones migratorias complican aún más la situación. La solicitud de ayuda occidental por parte de Líbano pone de manifiesto las dificultades que enfrentan los estados en primera línea al manejar grandes cantidades de refugiados. Al mismo tiempo, la posición de Chipre como un país pequeño que debe lidiar con numerosos migrantes revela los problemas más amplios que experimentan las naciones fronterizas de la UE.

Líbano y Chipre deben abordar estos problemas de derechos humanos para garantizar la protección de los refugiados bajo la ley internacional. La UE y sus estados miembros deben supervisar y verificar el uso de los fondos para evitar cualquier abuso. Es esencial actuar con transparencia y responsabilidad al manejar los problemas migratorios, ya que las equivocaciones pueden afectar gravemente la vida de las personas.