Desaparece abogada mexicana bajo amenaza de crimen organizado

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Por Jamie Olivos
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Calle vacía de Oaxaca con carteles de personas desaparecidas.

MadridClaudia Domínguez, una destacada abogada y activista por los derechos humanos de México, y su esposo, Alexander Hernández Hernández, están desaparecidos desde principios de octubre. Su desaparición resalta la peligrosa situación que enfrentan quienes defienden las libertades civiles en México. Aunque la Fiscalía del Estado de Oaxaca asegura estar investigando el caso, su ausencia pone de manifiesto la violencia y las amenazas que frecuentemente sufren los activistas.

Desaparecieron en Veracruz pareja cuyo auto apareció abandonado; Domínguez, amenazada por su lucha anticorrupción, carecía de protección federal a pesar de la criminalidad en la zona.

Grupos de derechos humanos y organizaciones feministas en Oaxaca están instando a las autoridades a acelerar sus esfuerzos para encontrar a la pareja desaparecida. Esta demanda es crucial debido a que México enfrenta un grave problema de derechos humanos, especialmente con la violencia hacia las mujeres y los activistas. Muchos activistas realizan su labor sin suficientes medidas de seguridad, a pesar de que existen programas federales diseñados para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos. Estos programas, como "el mecanismo," ofrecen escoltas de protección y botones de pánico. Sin embargo, como ha mencionado Galván, otro activista, el programa con frecuencia no funciona adecuadamente y solo brinda soluciones a corto plazo.

La desaparición de Domínguez no es un caso aislado. México enfrenta un grave problema de desapariciones forzadas, con más de 115,000 casos reportados. En zonas controladas por grupos criminales, los activistas están en especial peligro. Esta situación resalta la urgente necesidad de que México mejore la protección de sus defensores de derechos humanos. Implementar consistentemente mejores medidas de protección podría salvar vidas y brindar más apoyo y motivación a quienes luchan por la justicia.

El problema radica en que el gobierno no está asumiendo su responsabilidad ni siendo transparente con sus acciones. Tanto organizaciones de derechos humanos locales como internacionales están demandando cambios rápidos para resolver esta situación. Recomiendan una mejor capacitación en derechos humanos para la policía, más recursos para programas de protección y una aplicación más estricta de las leyes que evitan amenazas y violencia.

La búsqueda de Domínguez continúa, y sus simpatizantes aún mantienen la esperanza de que regrese sana y salva. Su caso pone de manifiesto las dificultades que enfrentan los activistas en México al intentar responsabilizar a las autoridades. No solo es una lucha por la justicia, sino también por proteger los derechos fundamentales y garantizar la seguridad de aquellos que los defienden.

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