EE.UU. sanciona a Intellexa por espiar a disidentes y periodistas

MadridEstados Unidos ha impuesto sanciones a Intellexa, una empresa que fabrica software espía utilizado para monitorear en secreto a disidentes y periodistas. Estas sanciones demuestran que el gobierno estadounidense está firmemente en contra del uso indebido de tecnología que pone en peligro la seguridad nacional, la privacidad y las libertades civiles. El Subsecretario de Hacienda para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Bradley T. Smith, afirmó que la nación tiene una política de tolerancia cero hacia este tipo de actividades.

Intellexa, una compañía fundada en 2019 por el exoficial militar israelí Tal Dilian, ha enfrentado críticas de numerosos gobiernos debido al mal uso de sus herramientas de espionaje, en particular del programa "Predator." Esta herramienta puede acceder en secreto a cámaras, micrófonos y datos en dispositivos comprometidos. Los efectos son extensos, afectando no solo a EE.UU. sino también a Europa. Figuras políticas de alto perfil como Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, y Tsai Ing-Wen, presidenta de Taiwán, fueron objetivo, junto con políticos estadounidenses como el representante Michael McCaul de Texas y el senador John Hoeven de Dakota del Norte.

A principios de este año, la administración de Biden sancionó a varias filiales de Intellexa y a dos de sus empleados. El Departamento de Comercio también incluyó a Intellexa y a una de sus subsidiarias en su lista negra, limitando su acceso a la tecnología estadounidense. Los altos cargos dentro de Intellexa eran ocupados por las personas recientemente sancionadas, lo que generó dudas sobre la gobernanza corporativa y los estándares éticos de la compañía. Además, el Grupo Aliada, una subsidiaria con sede en las Islas Vírgenes Británicas, fue sancionado por asistir a Intellexa en transacciones financieras por valor de decenas de millones de dólares.

Las sanciones del gobierno de EE. UU. impiden que personas y organizaciones realicen negocios o actividades financieras con empresas estadounidenses. Además, no pueden usar bancos de EE. UU., lo que los aísla del sistema financiero mundial.

Las empresas que desarrollan software espía enfrentan graves repercusiones debido a estas sanciones. Esto muestra que existen severas penalidades para aquellos que ayudan a gobiernos u organizaciones a espiar a personas privadas y líderes políticos. Es probable que las empresas tecnológicas se esfuercen más en cumplir las normativas y utilizar la tecnología de manera responsable. Además, resalta la necesidad de que los países colaboren para prevenir el uso indebido de estas herramientas de vigilancia poderosas.

El aumento de la vigilancia tecnológica es una amenaza para la democracia y la libertad. Las sanciones estadounidenses no solo sirven de castigo, sino también como advertencia a otros sobre acciones similares. Organizaciones internacionales y de derechos humanos deben estar atentas y abogar por mejores normas globales sobre vigilancia digital. Esta situación resalta la necesidad de leyes cibernéticas robustas y una estricta aplicación para proteger los derechos individuales y la privacidad en la era digital. Es un llamado a la industria tecnológica y a los reguladores mundiales para actuar contra el uso indebido de la tecnología con fines negativos.