Acusan a exoficial mexicano de sobornar a presos para nuevo juicio en EE.UU.

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Por Maria Sanchez
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Escalas de justicia del palacio de justicia con banderas de México y Estados Unidos.

MadridEl exfuncionario mexicano Genaro García Luna ha sido acusado de intentar sobornar a prisioneros para obtener un nuevo juicio por narcotráfico en Estados Unidos. El juez Brian Cogan afirmó que García Luna estaba claramente tratando de obstruir la justicia. El juez desestimó las alegaciones de la defensa, que incluían acusaciones de falsos testimonios por parte de testigos y la supuesta falta de información clave por parte de los fiscales.

Elementos clave en el caso:

  • Se dice que García Luna ofreció hasta $2 millones a reclusos para obtener afirmaciones sobre comunicaciones de testigos.
  • Una declaración jurada presentada por los abogados defensores de un recluso afirmó que un testigo de la fiscalía planeaba incriminar a García Luna.
  • Testigos de la fiscalía negaron cualquier comunicación supuestamente ocurrida.

El abogado defensor de García Luna, César de Castro, expresó su desilusión ante el fallo del tribunal, argumentando que se pasaron por alto problemas fundamentales en la acusación. Además, de Castro adelantó que García Luna apelará la decisión.

García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública en México entre 2006 y 2012, tenía la responsabilidad de combatir a los cárteles de droga. Su condena por participación en actividades criminales continuas es especialmente polémica debido a su posición de alto rango.

Las acusaciones de soborno y obstrucción de la justicia generan preocupaciones sobre la equidad del sistema legal y revelan las complejas relaciones entre reclusos, policía y tribunales. Por ejemplo, la credibilidad del testimonio del recluso es cuestionable debido a su historial de enfermedades mentales y alucinaciones. Al mismo tiempo, la defensa argumenta que García Luna fue incriminado por miembros del cartel buscando reducir sus condenas, lo que complica aún más la situación.

Los fiscales mencionaron que sus testigos negaron consistentemente haber hecho declaraciones falsas. No obstante, la defensa argumentó que los reclusos podrían haber sido motivados por el dinero de García Luna, afectando así su credibilidad.

García Luna tenía muchas responsabilidades y poder durante su mandato. Si se prueban las acusaciones en su contra, significaría que hubo una corrupción grave en el gobierno. Esto también resalta la práctica de usar a exmiembros de carteles como testigos, un método que puede considerarse tanto legítimo como cuestionable.

El pago potencial de $2 millones a los presos es significativo. Esto demuestra la relevancia de estos casos importantes. El dinero sugiere que personas poderosas pueden esforzarse mucho para influir en los resultados de los casos legales.

La sentencia de García Luna está programada para el 9 de octubre, y el resultado podría tener un impacto más amplio. Podría influir en la percepción sobre la lucha contra los cárteles de drogas, la corrupción y la eficacia del sistema judicial estadounidense en el manejo de casos internacionales. Este caso expone problemas de poder, corrupción y justicia.

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